El Derecho a Decidir y los Derechos Humanos de las Mujeres
La posición de MADRE
Si una mujer no tiene la libertad de elegir si quiere o no tener hijos, cuando y con quien tenerlos, condiciona otras elecciones de su vida (si quiere casarse, donde vivir y qué tipo de trabajo quiere conseguir). De hecho, el derecho a decidir está asociado a una amplia variedad de derechos humanos de las mujeres, incluyendo la participación en la vida pública y el acceso a oportunidades que permiten el empoderamiento político y económico. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en la ciudad de El Cairo en 1994, los gobiernos se comprometieron por primera vez a respetar y a proteger la libertad de elección sobre cuestiones reproductivas como esenciales para la salud en general y como un derecho humano básico. Pero después de más de 10 años, los gobiernos y los responsables de formular las políticas en todo el mundo continúan intentando ejercer el control sobre la fertilidad de las mujeres como un elemento central para el avance de las agendas políticas fundamentalistas y la regulación del crecimiento de la población. Estas políticas, tanto si niegan el derecho de las mujeres a controlar su fertilidad o por el contrario, le niegan el derecho a tener hijos, van en contra de la libertad de elección ya que subordinan los derechos y deseos de las mujeres en pos de cumplir con los objetivos de las políticas.
Desde el principio la plataforma de El Cairo estuvo bajo el ataque de los gobiernos conservadores y fundamentalistas. Por ejemplo, el gobierno de Bush ha intentado bloquear constantemente el consenso internacional que reafirma los compromisos de los gobiernos en las recomendaciones de la CIPD. Su primer acto como presidente fue reinstalar la norma global gag rule (llamada también "ley mordaza") que prohíbe la asistencia estadounidense en planificación familiar a organizaciones de salud que proporcionen abortos o servicios relativos al aborto o que promocionen la legalización del aborto. Los más afectados por estos recortes de presupuesto son las clínicas que proporcionan servicios a las mujeres pobres en el Sur Global. Por ejemplo, en Kenia los recortes de presupuesto debido a la norma gag rule provocaron el cierre forzado de siete clínicas. Miles de mujeres pobres dependen de estas clínicas para recibir servicios de salud esenciales, papanicolaus, vacunas para sus hijas e hijos, así como el tratamiento en casos de SIDA.
Irónicamente, los recortes de presupuesto en programas de planificación familiar han provocado un aumento en el número de embarazos no deseados y por lo tanto, un aumento en el número de abortos ilegales y de riesgo que provocan la muerte de 80 mil mujeres al año en todo el mundo. Mientras que los Estados Unidos y otros gobiernos fundamentalistas continúan violando el derecho de las mujeres a controlar su fertilidad, las activistas a favor del control de la natalidad de la población intentan negarle a las mujeres en países pobres el derecho a decidir libremente sobre cuantos hijos quieren tener. En varios países pobres, los programas de "planificación familiar " están concentrados solamente en reducir la fertilidad a través de la imposición de métodos anticonceptivos y las campaÝas de esterilización. Los grupos en favor de estas políticas (incluyendo algunos de las principales organizaciones de medio ambiente con sede en los Estados Unidos y expertos en "desarrollo") indican que las altas tasas de natalidad en los países pobres representan las causas de las principales crisis a nivel mundial, incluyendo las tendencias de pobreza masiva, degradación del medio ambiente y la epidemia del SIDA. La teoría, generalmente presentada en el discurso de las "ciencias duras", se reduce a un argumento que existen muchas personas pobres en todo el mundo. Mientras tanto, las verdaderas causas de las emergencias a nivel global, como la explotación económica, la apropiación de las corporaciones de los recursos naturales del mundo, el extendido militarismo y la desigualdad social, no son tenidas en cuenta y aquellos que se benefician de ello nunca son considerados responsables en el asunto.
Los gobiernos de los países donde trabaja MADRE todavía priorizan la distribución de métodos de control de la natalidad a largo plazo (como Norplant) entre las mujeres pobres e indígenas sin considerar los riesgos o los deseos de las mujeres de decidir sobre el uso de métodos anticonceptivos. Además, estos programas de control del embarazo son impuestos en la ausencia de servicios integrales de salud para la comunidad. Sin embargo, el derecho a decidir es uno de los tantos derechos humanos violados por las políticas económicas neoliberales que disminuye la responsabilidad de los gobiernos en proporcionar los servicios básicos, incluyendo los servicios de salud para la población.
El derecho a "lograr el mayor nivel de salud sexual y reproductiva" como lo indica la Plataforma CIPD, requiere más que la legalización del aborto o el acceso a métodos anticonceptivos. El cumplir con este compromiso requiere la creación de servicios de salud públicos integrales (incluyendo educación sexual) que sean accesibles, de buena calidad, respetuosos y que sean proporcionados en el idioma local. Además de los servicios de salud, la capacidad de las mujeres de liberta de elección supone que no están sujetas a situaciones de discriminación, coerción y violencia. Por ejemplo, los profilácticos son solamente efectivos en la prevención del SIDA y los embarazos no deseados si las mujeres tienen el poder de demandar que los hombres lo usen. Para la mayoría de las mujeres, esta capacidad está comprometida por la dependencia económica en los hombres y/o el miedo a represalias por negarse a mantener relaciones sexuales. Finalmente, el Derecho a Decidir representa la consecuencia de tener oportunidades en otras esferas de la vida y sólo puede ser alcanzado en conjunto con la amplia variedad de derechos humanos de las mujeres.