Con el congreso estadounidense reunido en sesión, la administración Bush está presionando por la aprobación de un tratado de libre comercio basado en el infructífero TLCAN, esta vez con Colombia. Actualmente la administración tiene que batallar contra la opinión pública, la cual se pone en contra de los tratados neoliberales que han empeorado la pobreza y la desigualdad en cada país que los ha implementado. Los tratados de libre comercio también han resultado en la pérdida masiva de empleo en los Estados Unidos. El propuesto Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia promete más de lo mismo. Además, el tratado fortalecerá al gobierno colombiano, el cual es responsable de graves violaciones de derechos humanos.
Con más y más gente de América Latina y los Estados Unidos consciente de las repercusiones de las consecuencias de los tratados injustos, MADRE insta a sus miembros que tomen acción y que les digan a sus representantes en el congreso que un voto por este tratado es un voto por:
El TLC reduce impuestos a la comida importada de los Estados Unidos, pero beneficia solamente a los pocos agricultores colombianos que exportan a los Estados Unidos. Además, el tratado prohíbe al gobierno colombiano subvencionar a los agricultores, mientras los grandes agricultores estadounidenses de maíz y arroz disfrutan de billones de dólares en subvenciones. Esta hipocresía garantiza que las empresas agrícolas de los Estados Unidos podrán vender a precio más bajo que los agricultores colombianos, quienes enfrentarán la bancarrota como consecuencia. Muchos de los pequeños productores de Colombia son mujeres y pueblos indígenas, quienes están perdiendo sus medios de vida y están siendo forzados a abandonar sus tierras.
Las crisis entrelazadas de la pobreza, la desigualdad y la falta de tierras son algunas de las causas del conflicto armado que Colombia ha sufrido por más de 50 años. El TLC concentrará la riqueza en manos de unos pocos mientras que empeorará la pobreza de millones de personas. Muchos agricultores colombianos, cuyos medios de vida serán destruidos por el TLC, se verán obligados a cultivar coca (materia prima de la cocaína) para tener un ingreso.
Continuando con una tendencia que comenzó después de los ataques terroristas de 2001, el gobierno de los Estados Unidos argumenta que el TLC es un asunto de su seguridad nacional, y el gobierno colombiano sigue su política. Las y los trabajadores, la población afro colombiana y la población indígena de Colombia toman una posición en contra del TLC, y el gobierno ha respondido a sus manifestaciones pacíficas con violencia, represión y asesinato.
Actualmente, Colombia es el país más peligroso para el sector sindicalista, con más que 2 mil activistas asesinados desde 1991. El TLC no requiere que Colombia cumpla con los estándares laborales internacionales más claves sino que meramente pide que el gobierno colombiano cumpla con sus propias leyes laborales débiles. Sin protecciones laborales aplicables, el tratado arriesgará las vidas de muchos trabajadores. La posibilidad de los trabajadores estadounidenses de negociar mejores salarios también se menoscaba por un tratado que permite que las empresas que dirigen los negocios en Colombia puedan mantener bajos los precios por la violencia.
El TLC aumentará la explotación forestal, debilitando la habilidad de los bosques para estabilizar el clima del planeta. Bajo las provisiones solicitadas por los Estados Unidos, las corporaciones que han comprado los derechos a los bosques, manantiales, yacimientos minerales, o reservas de petróleo de un país pueden totalmente reducir estos recursos, con consecuencias muy graves para los ecosistemas y las especies que los habitan. Los pequeños agricultores y pueblos indígenas, quienes dependen principalmente de estos recursos, serán los primeros en sufrir por causa de estas provisiones.
Dejando que las corporaciones demanden a los gobiernos por aprobar leyes que pueden reducir las ganancias, el TLC minimiza la prerrogativa colombiana para regular las inversiones extranjeras y menoscaba las posibilidades que tienen los ciudadanos de mejorar las leyes de salud, de seguridad y de medio ambiente. En anticipación al TLC, el gobierno de los Estados Unidos presionó para que Colombia aprobara una ley que expropiaría las tierras de los Pueblos Indígenas y Afro colombianos, y que permitiría que las empresas multinacionales tomaran el control de millones de hectáreas de bosque tropical. Esta ley era parte de una serie de “reformas” de la constitución colombiana hechas para satisfacer las condiciones de un tratado comercial con los Estados Unidos. En enero de 2008, la sociedad civil de Colombia ganó una importante victoria: la ley de selvicultura se rechazó por ser una violación de los derechos de los Pueblos Indígenas. Si el TLC fuera ya implementado, los empresarios estadounidenses podrían demandar al gobierno colombiano por “futuras reducciones de beneficios”.
Por extender los derechos de patentes de las medicinas hechas en los Estados Unidos, el TLC estorba el uso de medicinas genéricas y mucho más baratas, y pone fuera del alcance de millones de colombianos los medicamentos que pueden salvarles la vida. Las mujeres, quienes suelen estar entre los más pobres del país, y quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los miembros enfermos de sus familias, son afectadas directamente por esta provisión.
El TLC requiere que el gobierno colombiano venda servicios públicos vitales, incluidos el agua, la educación y los servicios de salud. En otras partes de América Latina, privatización de este tipo ha resultado en subidas considerables de las tarifas por corporaciones que niegan servicios esenciales a millones de personas. Estas políticas suelen afectar aun más a las mujeres, por ser su responsabilidad satisfacer las necesidades de sus familias de estos servicios.
El TLC permitiría a las corporaciones explotar el conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas por dejar que las empresas patenten las semillas, plantas, animales, y ciertos procedimientos médicos desarrollados y utilizados por las mujeres indígenas desde hace muchos siglos. Conforme con el TLC, las mujeres indígenas perderían acceso a plantas medicinales importantes y semillas de la agricultura si no pagaran impuestos por los derechos de patentes. El rol de las mujeres indígenas como defensoras de los recursos naturales y del conocimiento tradicional se reduciría, amenazando las culturas indígenas y el estatus de las mujeres dentro de sus comunidades.
Existen alternativas viables a los tratados de libre comercio
A pesar de que existe mas de una década de tratados fracasados como El TLCAN, el gobierno de los Estados Unidos sigue insistiendo que sus socios comerciales adhieran a políticas económicas inflexibles y neoliberales. Sin embargo, los movimientos sociales de América Latina están articulando alternativas viables para regular el comercio y la integración económica que beneficiarían a las mujeres, las familias, las comunidades y el medio ambiente. Las mujeres de las organizaciones hermanas de MADRE en Colombia y América Latina afirman la necesidad de tratados de comercio justos que: